"'No hay plata". Así de claro lo dijo Javier Milei en su primer discurso como presidente de Argentina, en el que ya advirtió a los argentinos de que su gobierno pondrá en marcha un durísimo ajuste para intentar sacar al país de la profunda crisis en la que está sumido. 

Su ministro de Economía, Luis Caputo, ha revelado en qué consiste esa terapia de choque anunciando el primer paquete de medidas económicas en un mensaje grabado. La reducción de los subsidios estatales a la energía y el transporte ha sido la medida más chocante de las 10 que ha revelado y que incluyen la finalización de los contratos laborales del Estado que no tengan más de un año de vigencia. 

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado antes que el objetivo es recortar el gasto público en 20.000 millones de dólares, el equivalente al 5% del PIB argentino. "Se va a respetar a rajatabla la regla de que no podemos gastar más de lo que tenemos", dijo Adorni, una declaración de intenciones para confirmar que el dinero público va a dejar de fluir hacia la economía.

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Tal y como recoge la prensa nacional, reducir el déficit público y atajar la inflación van a ser los pilares básicos del nuevo programa económico de Milei, que también pondrá coto a la impresión de papel moneda como receta para intentar estabilizar los precios. En esa línea se enmarca el nombramiento de Santiago Bausili como presidente del Banco Central, en sustitución de Miguel Pesce.

Asimismo, se prevén auditorías en todos los ministerios y empresas públicas para controlar sus gastos al detalle y también una revisión de todas las contrataciones de la Administración pública. Adorni reiteró que los contratos y nombramientos públicos hechos por la anterior Administración en el último año "están bajo revisión" y agregó que habrá la "sanción correspondiente" para los funcionarios que no quieran colaborar con el Ejecutivo. Tampoco se descarta que el ministro de Economía abra el camino hacia la privatización de grandes empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas o YPF.

Otra medida que ya ha adelantado Milei es eliminar los privilegios que existen dentro del sector público y que también afectan a los funcionarios. Al respecto, Adorni aseguró que a partir de ahora "se va a comenzar a exigir el 100% de presencialidad en los lugares de trabajo" a todos los empleados públicos. Del mismo modo, se limitará a los funcionarios el uso de inmuebles públicos, coches oficiales e, incluso, de teléfonos pagados por el Estado.

También ha confirmado el portavoz presidencial que la publicidad institucional desaparecerá de los medios de comunicación "durante un año" para reducir los gastos de la administración.

En esa línea de contención del gasto se enmarca la Ley de Ministerios, sancionada el mismo 10 de diciembre en que Milei asumió el cargo y que reduce de 18 a 9 los Ministerios; de 106 a 54 las Secretarías; y de 182 a 149 las Subsecretarías; en total, una reducción del 34% en la administración del Estado.